Deja un comentario

Difundimos: Pronunciamiento público de un colectivo de profesores acerca de la situación de la Universidad Pedagógica Nacional

Mire la calle.
¿Cómo puede usted ser indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río?
Nicolás Guillén

Este pronunciamiento es el resultado de una reunión convocada por los representantes de profesores a los consejos superior y académico, para discutir en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo qué está pasando en nuestra Universidad Pedagógica Nacional? Entre las 9:00 a.m. y las 12 m. los profesores que nos sentimos convocados para discutir la pregunta propuesta por nuestros representantes, nos reunimos en el aula Paulo Freire con el propósito de adelantar un conversatorio acerca de las distintas situaciones que se vienen presentando en la universidad y que son objeto de nuestras preocupaciones como profesores. encontramos un conjunto de problemáticas de urgente revisión y atención por parte de la alta dirección de la universidad y que consideramos importante dar a conocer a la comunidad universitaria y a la opinión pública:

1. La primera problemática que centra nuestra atención es la alarmante situación presupuestal de la universidad, que además de afectar la gestión académica, pone en riesgo nuestra viabilidad institucional. De esta primera problemática consideramos prioritarios los siguientes aspectos:

No existen recursos para el sostenimiento de la planta física en la universidad, lo cual se expresa en la precaria disponibilidad y mantenimiento de salones (poca ventilación, poca luz, mobiliario insuficiente, tomas de corriente dañadas o inexistentes), en la inequitativa distribución de los espacios (el edificio P desocupado mientras se arrienda un edificio para la sede administrativa, ubicado en la carrera 16 A No. 79-08 y asignación de espacios de la sede central a la Fundación Francisca Radke, mientras soportamos hacinamiento dadas las pésimas condiciones de los salones del primer piso del edificio C). Igualmente se identifica en la escasa disponibilidad de zonas de uso común, incluyendo los baños, que además de ser absolutamente insuficientes, están en pésimas condiciones.

Los recursos destinados al desarrollo de las actividades de docencia e investigación son exiguos. No contamos con adecuadas condiciones de conectividad, ni con dotación actualizada en TIC, en recursos audiovisuales, en recursos bibliográficos (compra periódica de libros y suscripciones a revistas especializadas y a bases de datos) que garanticen el óptimo desarrollo académico (no hay dinero suficiente para publicaciones de resultados de investigación, ni para materiales para la docencia). Tampoco contamos con recursos para la investigación ni para las actividades de campo (salidas y prácticas que se han venido recortando por falta de presupuesto) que se constituyen, de acuerdo con los conceptos de pares académicos de los procesos de acreditación de calidad de los programas, en parte fundamental de los procesos formativos de los estudiantes.

Contamos con un número reducido de profesores de planta (18% del total) que no se incrementó de manera proporcional a la ampliación de la matrícula en la universidad. Aunque en los dos últimos años se ha planteado en los departamentos y programas la urgencia de abrir perfiles que cubran las necesidades docentes y este aspecto se ha proyectado en la planeación de las unidades académicas, el consejo académico se tarda en reglamentar la apertura de nuevos concursos de planta aunque ha tenido esperando este punto en su agenda durante todo el año.

Los profesores que se encuentran vinculados mediante contrataciones temporales (catedráticos y ocasionales) realizan actividades misionales de la universidad (investigación, extensión y docencia) en condiciones salariales indignas. Esta modalidad de contratación es irregular tal como lo contemplan las sentencias C-006 de 1996 y C-614 de la Corte Constitucional y se requiere de manera urgente una decisión de las directivas orientada a legalizar la contratación de estos colegas en la perspectiva de restituir sus derechos laborales.

Aunque existe una reglamentación en relación con la formación de los profesores de la universidad y su participación en eventos nacionales e internacionales, no existen políticas institucionales que orienten las solicitudes de los profesores ni se proyecta un presupuesto que cubra las necesidades de formación en programas doctorales. Varias solicitudes se niegan o no se responden aunque los profesores justifiquen su pertinencia en los planes de internacionalización de los programas o en los planes de mejoramiento derivados de los procesos de acreditación de calidad.

La administración de la universidad y la gestión de los procesos académicos se está atendiendo con contrataciones temporales (no hay dinero para nombrar oportunamente a los intérpretes que se requieren para las actividades académicas de los estudiantes sordos). Esta situación resulta problemática porque los calendarios académicos no coinciden en muchas ocasiones con estas contrataciones y aunque el semestre se encuentre en curso o se requiera de servicios educativos para los periodos intersemestrales, no se cuenta con estos recursos porque los funcionarios supernumerarios no tienen contrataciones estables que permitan un servicio adecuado durante la totalidad de los periodos académicos.

La organización académico-administrativa requiere una transformación urgente. Las facultades, los departamentos y los programas no han incorporado la lógica de atender programas de pregrado y posgrado a tal punto que en algunas instancias de la Universidad solamente se considera la existencia de los posgrados de la Facultad de Educación. Esta situación genera una disparidad en la asignación de recursos logísticos y de infraestructura y dificultades en la administración académica de los departamentos y facultades. A esta situación se suma la existencia de varias lógicas universitarias según la sede en la que se lleven a cabo los procesos académicos (Valmaría, sede central, sede administrativa, El Nogal, las sedes en distintas zonas del país como Guapi, Puerto Asís, La Chorrera y Valle de Tenza), lo cual dificulta la construcción de un proyecto universitario incluyente.

Los espacios, recursos y programas para atender el bienestar universitario son exiguos. Esta división ha concentrado sus esfuerzos en actividades culturales de entretenimiento y no ha proyectado una política que mejore los canales de participación de los estudiantes para atender los problemas de hacinamiento, de consumo de drogas y alcohol y de ocupación de las zonas comunes. Para quienes transitan por los espacios del edificio B y la Casita de Biología se ha generado una situación adversa y es necesario llegar a acuerdos en el uso de los espacios para no trastocar los derechos de quienes hacemos parte de la universidad. Por tanto este llamado de atención también involucra a los estudiantes para que conjuntamente nos hagamos responsables del espacio público que defendemos colectivamente y en el cual no podemos permitir que se legitimen el microtráfico y la prostitución.

2. La segunda problemática se refiere a la violación sistemática de los derechos humanos que viene ocurriendo desde hace dos años en la universidad. Esta situación se ilustra con los siguientes hechos:

Desde finales del año 2009 los procesos de elección de los cargos de representación profesoral han sido precedidos de correos en los cuales se desprestigia a los candidatos que abiertamente han planteado controversias o puntos de vista divergentes con la dirección de la universidad. Después de las elecciones del año 2009 y las que se han realizado con posterioridad, los señalamientos se han mantenido en los cuerpos colegiados de la Universidad, en particular en los consejos académico y superior y después de la aparición de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, seccional Universidad Pedagógica Nacional (ASPU-UPN), los señalamientos se extendieron a esta asociación sindical y a los colegas que ejercen funciones en su junta directiva. Estos señalamientos han sido legitimados por instancias directivas y por las administrativas que se expresan en distintos tipos de auditorías realizadas a los departamentos y programas con procedimientos policivos.

Durante el presente año circularon dos amenazas en perfiles falsos de Facebook contra las organizaciones sindicales, los colectivos estudiantiles, los representantes estudiantiles al consejo superior y académico y el vicepresidente de la asociación sindical ASPU-UPN profesor Renán Vega. Esta amenaza estuvo antecedida de correos intimidantes y documentos anónimos contra el profesor que además pedían que saliera de la Universidad Pedagógica con un plazo perentorio que ponía en riesgo su vida. Esta situación también se presentó con un grupo de 12 estudiantes al cual el Bloque Capital y las Águilas Negras amenazaban de muerte para que abandonaran la universidad. Frente a estas amenazas la reacción de la alta dirección ha sido ambigua e insuficiente, no se han generado medidas de protección y el riesgo se mantiene tanto para el profesor como para la asociación sindical y los estudiantes amenazados. Postura que bien puede recaer sobre cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.

La empresa de vigilancia no garantiza la seguridad de los miembros de la comunidad ni de los recursos de la universidad, aunque en su contratación se invierten proporcionalmente más recursos que los destinados al cumplimiento de la misión institucional. De manera permanente se presentan robos de los cuales no se hace responsable a la empresa de vigilancia y cuando los profesores denuncian este tipo de irregularidades resultan implicados en procesos disciplinarios. Esta situación contrasta con la irregularidad que se presenta con esta empresa que no tiene a ninguno de sus miembros identificados, como lo dispone el artículo 74 del decreto 356 de 1994 mediante el cual se define el estatuto de vigilancia y seguridad privada. Además de esta situación, que ya resulta cuestionable y grave, los miembros de la empresa de vigilancia contratada por la universidad se encuentran cumpliendo tareas de inteligencia reservadas a la Fuerza Pública, a pesar de estar expresamente prohibido por el decreto mencionado.

Quienes participan como representantes de la universidad en la Mesa Interuniversitaria de Derechos Humanos y en el Sistema de Alertas Tempranas no han expuesto estas problemáticas. Por el contrario, han mantenido y ahondado los señalamientos. Por esta razón varios de los docentes han tenido que acercarse directamente a la Defensoría del Pueblo para proponer nuevas relaciones con la Universidad y una comprensión más amplia de la problemática de derechos humanos en la UPN. Esta falta de apoyo institucional se expresa en los escasos mecanismos de protección con los cuales contamos los profesores y estudiantes que ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta social, tal como ocurrió con los excesos policiales (amparados en los mecanismos de impunidad legales contenidos en la ley 1453 de 2011, conocida como ley de Seguridad Ciudadana) durante la Semana de la Indignación realizada entre el 9 y el 12 de octubre, que concluyó con un ejercicio represivo (varios estudiantes heridos y afectados) y en absoluta impunidad.

3. La tercera problemática tiene que ver con la vulneración del derecho constitucional que tenemos a la información. La alta dirección de la universidad no ha circulado información clara acerca de la gestión de los recursos presupuestales. Las comunicaciones se han restringido a culpar de la situación actual al incremento salarial de los trabajadores, empleados y demás funcionarios del sector público (no se aumentó el 3,73% del IPC sino el 5%), a la finalización del segundo periodo académico de 2011 y a los daños de las acciones vandálicas. Consideramos que las condiciones en las cuales tenemos que realizar nuestro trabajo en la universidad son una fuente de información incontrovertible de la actual crisis presupuestal que no puede responderse en un comunicado o en una rendición de cuentas que cumple con un requisito de la gestión pública, no con un principio de participación que reclamamos como profesores de la universidad. Por tal razón solicitamos un informe detallado de la gestión presupuestal de acuerdo con los lineamientos del plan rectoral con el cual el profesor Orozco prometió administrar la universidad.

Además de estas problemáticas nos hemos fijado una serie de tareas que llevaremos a cabo con el concurso de los colegas de la universidad:

1. Un primer conjunto de actividades está orientada a potenciar el trabajo de la representación de los profesores en los distintos cuerpos colegiados. Como representantes estamos llamados a exigir medidas que garanticen la superación de contrataciones temporales para profesores, con contrataciones permanentes que restituyan sus derechos laborales. También debemos incidir en la toma de decisiones académicas, en la despolarización de la universidad y en la construcción de políticas de convivencia que superen los esquemas policivos desde los cuales se entiende la relación de las directivas con la comunidad universitaria.

2. Un segundo conjunto de tareas les corresponde a los colegas coordinadores y directores de programa para que generen medidas que frenen el crecimiento desmedido de la matrícula universitaria, la cual no podemos atender con los recursos con los que contamos y para que exijan mediante un oficio conjunto, que la dirección de la universidad en cabeza de la rectoría y el consejo académico, cumpla con las recomendaciones hechas por el MEN en las resoluciones de acreditación de calidad de los programas.

3. Un tercer conjunto de tareas nos corresponde a todos los profesores de la UPN y tiene que ver con acudir a los espacios de participación que podamos gestionar en la universidad o a los que nos podamos vincular. Está la invitación abierta para asistir a la multiestamentaria y construir colectivamente con los trabajadores y estudiantes este proyecto de universidad que nos convoca, están estas reuniones que deben mantenerse para activar el estamento docente como un colectivo políticamente comprometido con la educación superior pública, y también se encuentran las convocatorias a las distintas modalidades de protesta social (marchas, plantones, actos culturales) donde podamos expresarnos y donde restituyamos nuestra capacidad política y académica de decisión en la UPN. En esta perspectiva mantendremos espacios de dialogo entre los profesores de la universidad alrededor de los problemas que nos convocan.

4. Haremos un llamado a la sociedad y a las instancias del Estado responsables de la financiación de la educación superior para que se reconozca la dignidad de la Universidad Pedagógica Nacional, como la institución que lidera el sistema de formación de maestros en el país, y para que se reaccione a tiempo antes de que esta crisis la lleve a sucumbir.

Suscribimos las profesoras y los profesores asistentes a la reunión.

Tomado de: http://www.aspu-upn.org/?p=165#more-165

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: