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La crisis territorial de las Universidades Públicas de Bogotá

La mayoría de universidades públicas de Bogotá como el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Pedagógica, la Distrital y la Nacional han afrontado desde los últimos años una seria crisis territorial. Lo anterior se encuentra íntimamente ligado por una parte a la crisis general de presupuesto e infraestructura que afrontan las universidades públicas del país obligadas a recibir más estudiantes con las mismas construcciones desgastadas, reduciendo el presupuesto, profesoras y trabajadoras, lo que lleva al sobrecupo y/o la necesidad de apertura de nuevos espacios sin garantías, por otra parte,  el establecimiento de planes de renovación urbana en el centro ampliado de la ciudad (que va desde el centro histórico al centro financiero) y el sector del Salitre, que en entre otras cosas buscan desplazar a dichos campus, percibidos como foco de desorden público. Así, los territorios de las universidades estatales se ven bajo la amenaza de la fragmentación, la venta de edificios y servicios a capitales privados, el traslado en pésimas condiciones y la marginación urbana.

Un ejemplo de ello es la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuyos terrenos han sido declarados de utilidad pública, convirtiéndole en la “única universidad pública del orden nacional que no cuenta con planta física propia” como lo ha manifestado el rector Miguel Augusto García Bustamante. Se mantiene la situación de incertidumbre fruto del Plan de Ampliación del Museo Nacional contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial, ampliación a la que en principio nadie se opone, pero que implica un azaroso traslado de la sede universitaria, que el Ministerio de Educación no se ha molestado en resolver con seriedad ofreciendo espacios alternativos muy inferiores a las necesidad de las institución, esta situación llevo a la movilización de las estudiantes del plantel en el segundo semestre de 2009. 

También en la Universidad Pedagógica Nacional esto se expresa en dos modalidades: Por un lado, la dinámica de crecimiento por fuera del campus que lleva al traslado de muchas dependencias de la Facultad de Artes, la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y hasta la misma rectoría, y por otro lado, el plan de trasladar la sede principal de la calle 72 situada en pleno corazón financiero de la ciudad a los predios de Valmaría ubicados en el norte de la capital  donde ya  han sido trasladadas las estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, en medio de casetas pre-fabricadas y un terreno pantanoso sin los escenarios indispensables para este programa académico.

Este mismos fenómeno se presenta en la Universidad Nacional, donde la situación se expresa de varias maneras: Por un lado, tenemos el proyecto de traslado paulatino de los animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a Marengo, la finca experimental que la Universidad tiene en Mosquera, este proyecto que se convirtió en una de las razones que llevaron al paro estudiantil en esta facultad en el primer semestre de 2011. De igual manera está el proyecto de acondicionamiento de edificaciones externa al campus, como  la Casa Gaitán, que a través de un traslado de oficinas y dependencias administrativas pretende separar cada vez más los cuerpos administrativos del espacio mismo de la universidad para garantizar la continuidad de las funciones en las recurrentes situaciones de anormalidad generadas en el campus. Finalmente, el proyecto de Renovación Urbana del CAN impulsado por el gobierno nacional que  contempla la expropiación del mil veces aplazado Hospital Universitario Santa Clara, así como las unidades administrativas Camilo Torres y Uriel Gutiérrez  (antiguas residencias estudiantiles), situación que ha captado la atención del movimiento estudiantil y parte de su movilización durante todo este año.

Todo esto opera en medio de una dinámica común de privatización en la que entes particulares entran a operar con fin de lucro los inmuebles y servicios de las universidades tales como escenarios culturales y deportivos, cafeterías, fotocopiadoras; de precarización en las que muchas estudiantes necesitadas de dinero, enfrentados a las dificultades de un empleo basura y afectados por la falta de políticas integrales de bienestar universitario montan chazas o pequeños puestos de ventas que proliferan en el campus; de descomposición orquestada por grupos de comerciantes auspiciados por el paramilitarismo operando  en redes de micro trafico escudándose en la extraterritorialidad universitaria y enrareciendo los espacios de recreación; y la creciente “securitización” en la que las administraciones  refuerzan sus sistemas de control sobre la comunidad universitaria contratando cuestionadas empresas de seguridad privada con trabajadoras tercerizadas y sin vínculos con la universidad, empleando medios coactivos como la vigilancia con perros y caballos,  costosísimas cámaras de seguridad, políticas de seguridad que cierran los campus a la comunidad territorial y los convierten en fortalezas protegidas frente “a los peligros del mundo no universitario”, como lo expresan los planes de instalación de torniquetes electrónicos en las entradas, a semejanza de las universidades privadas.

La crisis territorial lleva así dos tipos de respuesta: La vía neoliberal impuesta por el gobierno y los empresarios a las autoridades educativas, que busca consumar la ruptura de la unidad territorial de los campus y su desplazamiento a espacios apartados que lo excluyan de las principales dinámicas de la ciudad, en medio de la privatización, la precariedad y el control policivo de los mismos, o la vía de defensa de los bienes públicos por la que aun sin mucha claridad luchamos las estudiantes, por una universidad con una buena infraestructura y campus unitarios que potencien la acción colectiva, integrada a las principales actividades de la ciudad al vincularse  con las trabajadoras, los sectores sociales y el pueblo en general en medio de programas amplios e integrales de bienestar universitario y seguridad comunitaria bajo el control de estudiantes, profesoras y trabajadoras. 

Grupo Estudiantil Anarquista GeA

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